“Ignorancia o mala fe” de los asesores del Ejecutivo serían la única explicación al veto presidencial a la reforma a Ley de Transito y Ley de Reforma Tributaria, descentralizando por primera vez recursos en materia de transito en las ciudades que tienen a su cargo esta competencia. Esto señaló el diputado azuayo Fernando Cordero, al tiempo que lamentó profundamente que esta decisión “improvisada” sea blindada por el candado constitucional de un año para ser modificada.
En este sentido, el legislador hizo un llamado a los congresistas -en especial los representantes de las provincias afectadas- a pronunciar su rechazo conjunto a la decisión del Ejecutivo, en la que se demande la inmediata “enmienda del error” que no solo perjudica a Quito y Cuenca, sino a otras ciudades como Loja, Otavalo, Manta, Ibarra y Ambato. Los ingresos para Cuenca hubieran alcanzado los 5 millones de dólares por concepto del 50% del impuesto a la propiedad vehicular, sin tocar en lo más mínimo los 55 millones de dólares de la Dirección Nacional de Tránsito como aventuradamente se afirma en el texto del veto total del primer mandatario.
De esto se desprende el desconocimiento de quienes redactaron dicho documento, pues se habrían basado en el texto sugerido por el ex presidente Alfredo Palacio sobre el tema y no en la resolución del Congreso que de forma ejemplar, en el ejercicio de la co legislación con la comunidad y sus representantes en distintos organismos, logró un documento de consenso que aportaba de manera real al proceso de descentralización y que convocó el apoyo unitario del legislativo sobre la materia.
El Arq. Cordero señaló que es “un golpe bajo a la descentralización y una muy mala señal para un Gobierno que representa la voluntad de cambio de más del 90% de ecuatorianos y ecuatorianas, pues en su Plan de Gobierno dice -Soñamos en un país con un Estado eficiente, solidario, moderno, cuya gestión pública sea eficiente y descentralizada- y es precisamente lo contrario lo que está generando”.
En este sentido, el legislador hizo un llamado a los congresistas -en especial los representantes de las provincias afectadas- a pronunciar su rechazo conjunto a la decisión del Ejecutivo, en la que se demande la inmediata “enmienda del error” que no solo perjudica a Quito y Cuenca, sino a otras ciudades como Loja, Otavalo, Manta, Ibarra y Ambato. Los ingresos para Cuenca hubieran alcanzado los 5 millones de dólares por concepto del 50% del impuesto a la propiedad vehicular, sin tocar en lo más mínimo los 55 millones de dólares de la Dirección Nacional de Tránsito como aventuradamente se afirma en el texto del veto total del primer mandatario.
De esto se desprende el desconocimiento de quienes redactaron dicho documento, pues se habrían basado en el texto sugerido por el ex presidente Alfredo Palacio sobre el tema y no en la resolución del Congreso que de forma ejemplar, en el ejercicio de la co legislación con la comunidad y sus representantes en distintos organismos, logró un documento de consenso que aportaba de manera real al proceso de descentralización y que convocó el apoyo unitario del legislativo sobre la materia.
El Arq. Cordero señaló que es “un golpe bajo a la descentralización y una muy mala señal para un Gobierno que representa la voluntad de cambio de más del 90% de ecuatorianos y ecuatorianas, pues en su Plan de Gobierno dice -Soñamos en un país con un Estado eficiente, solidario, moderno, cuya gestión pública sea eficiente y descentralizada- y es precisamente lo contrario lo que está generando”.
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